¿Presos sin derecho a asistencia médica?

La Abogacía del Estado elaboró un informe que sostiene que, obviamente, “la condición de asegurado del ciudadano no se altera por el hecho de que ingrese en prisión y, por tanto, el interno tiene derecho a la asistencia sanitaria como derecho propio y no en calidad de recluso”,....“la financiación de dicha asistencia debe ser asumida por el Servicio de Salud donde se ubique el centro penitenciario”. 

Los centros penitenciarios comenzaron en el tercer trimestre de 2012, con Jorge Fernández Díaz como ministro, a devolver las facturas por esos servicios que emiten las comunidades autónomas, que en la práctica se ocupan del grueso de la sanidad penitenciaria cuya competencia Interior, que solo asume la atención primaria dentro de los presidios, no traspasa ni financia. La situación, directamente relacionada con los recortes en materia sanitaria que el ejecutivo de Mariano Rajoy comenzó a aplicar nada más llegar a La Moncloa, afecta a todas las comunidades autónomas con la excepción de Catalunya y Euskadi, la primera por tener traspasada las competencias penitenciarias y la segunda por haber recibido la de la sanidad en las cárceles, se mantiene desde hace más de cinco años y no ha cambiado con el relevo de Fernández por Juan Ignacio Zoido. 

La atención sanitaria a los reclusos se presta de manera compartida entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dispone en sus 71 cárceles y 32 centros abiertos de 326 médicos y 485 enfermeros que se ocupan de la atención primaria, y las comunidades autónomas, cuyos servicios de salud asumen el resto.

Sin embargo, el resto, en realidad, es el grueso, ya que incluye, además de urgencias y hospitalizaciones, la intervención de cualquier especialista (traumatología, ginecología, cardiología, etcétera) y el cuidado de patologías como la hepatitis C, que según distintos estudios afecta a entre 9.000 y 13.000 de los casi 60.000 presos internados en los penales españoles, en un medio en el que las afecciones mentales y los trastornos llegan a afectar a entre una sexta parte y cerca de la mitad de los internos. En todos los casos, con el traslado también de médicos a los presidios.

 Hasta principios de esta década, Interior mantenía convenios con las comunidades por las que estas facturaban la parte que atendían de la sanidad penitenciaria, formalmente segregada de la general por prestarse en las prisiones o por atender a población reclusa. Pero esos acuerdos fueron venciendo, y lo hicieron en vísperas de que el Gobierno ejecutara el recorte de la sanidad pública de abril de 2012. 

Interior ha iniciado formalmente, aunque sin mucho énfasis, los contactos con las comunidades para abordar este conflicto, en cuya solución ha llegado a proponer, en línea con los recortes generales del sistema de salud que comenzó a aplicar el Gobierno en 2012, un pago “por interno que no tenga derecho a asistencia sanitaria a cargo de la Seguridad Social, en un importe que no se concretaba”. 

Desentenderse: “prescindir de un asunto o negocio, no tomar parte en él”. Ese es el verbo que el Ministerio del Interior aplica desde hace cinco años a la atención sanitaria no primaria a los presos, que incluye las urgencias, las hospitalizaciones, los diagnósticos y las consultas y la atención especializada y cuyo coste supera los 110 millones de euros al año en el conjunto del país.