EL NEGOCIO OCULTO DE LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS

EL NEGOCIO OCULTO DE

LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS

Por Fernando Romero /DIARIO PUBLICO

Grandes empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de presos de las cárceles españolas. También la familia Pujol-Ferrusola, que tiene tras las rejas otro de sus oscuros negocios.

Grandes empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de presos de las cárceles españolas. También la familia Pujol-Ferrusola, que tiene tras las rejas otro de sus oscuros negocios.

El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. 

Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González.

El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie.

El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. 

Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP.

El número de reclusos “trabajadores” aumenta año a año y se ha multiplicado por tres en tan solo una década. En teoría estos organismos que contratan presos para el exterior hablan de “programas de reinserción”, aunque lo cierto es que se ha convertido en un negocio lucrativo para muchas empresas. En la  memoria de Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían para empresas privadas.

Cien empresas, quinientos clientes

Amadeu Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se enriquecen con los reclusos. Entre ellos están la familia Pujol-Ferrusola, Telefónica, El Corte Inglés, ACS, el Banco Santander y Ayuntamientos de toda España, pero hay muchos más.

El más llamativo es el de la familia Pujol-Ferrusola, porque entre sus negocios también está este penitenciario, aunque no ha salido a la luz tras destaparse el escándalo sobre las actividades de la saga. Marta Ferrusola, esposa del ex presidente Jordi Pujol, estuvo en la directiva del CIRE a finales de la década de los noventa, aunque nunca se la veía por su despacho. 

El ex recluso Amadeu Casellas la denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía porque decía que cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de trabajo. Por otro lado está la empresa Servivending, que suministraba productos y máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo aparece como administrador único Manuel Antolín Aznar.

Según fuentes que investigaron al CIRE, la familia Pujol estuvo desde el principio en esta entidad. Se les conoce también un negocio de flores dependiente de esta institución. Estas iniciativas pronto pasaron a otras manos porque, según las citadas fuentes, “los Pujol ponían en marcha el negocio y luego lo vendían”.

Las denuncias sobre explotación de presos empiezan a ser cada vez más numerosas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía informó recientemente de que unos 12.000 reclusos están empleados en la cárcel con sueldos de hasta 0,5 euros a la hora y entre 80 y 300 euros al mes. Señalan que la vulneración de derechos laborales de los presidiarios es “un problema casi desconocido” que niega horas extra o vacaciones y “aporta un subsidio de desempleo máximo de 100 euros”.

Otras fuentes coinciden en que los presos empleados no tienen pagas extraordinarias, horas extra o vacaciones ni por supuesto posibilidad de denunciar su situación a través de los sindicatos, porque éstos están ausentes de las cárceles.  Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que apenas llega a los 100 euros, por lo que muchos internos prefieren no trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan entre los 120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias, cinco días a la semana.