LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL...

El Grupo de Estudios de Política Criminal rechaza el nuevo Código Penal por su endurecimiento injustificado de las penas

La introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos.

Ante la reforma penal emprendida por el Gobierno el Grupo de Estudios de Política Criminal considera necesario manifestar públicamente su rechazo tanto al contenido como a la forma. El Grupo de estudios de Política criminal está constituido por cerca de dos centenares de penalistas con una doble procedencia, catedráticos y profesores permanentes de derecho penal de universidades españolas, y jueces y magistrados activos en los diversos niveles de la jurisdicción penal española. 

Constituido en 1989 como un grupo permanente de trabajo dedicado a desarrollar e impulsar investigaciones y propuestas político-criminales a partir de presupuestos progresistas – véase Declaración programática incluida en los Estatutos originales- ha ampliado con el paso del tiempo su actividad a labores de promoción de sus propuestas en el debate ciudadano y en el ámbito político.

Desde este colectivo de profesionales se insiste en que “no hay derecho” puesto que en esta reforma se da un salto cualitativo en el endurecimiento de la respuesta penal sin que exista ningún estudio riguroso previo de la situación del sistema penal español ni justificación racional para ello.

A tal efecto señalan que “Las tasas de población penada y penitenciaria en el Estado español son extremamente altas cuando las tasas de delincuencia son inferiores a la media europea. El endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad de las personas puesto que ésta depende en mayor medida de otros factores.”

Estos expertos recuerdan que ya el actual Código penal vigente contempla penas de duración superior a los cánones europeos, permitiendo ya en la actualidad cumplimientos de hasta cuarenta años de efectiva estancia en prisión.

La introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos. Penas de mayor duración no suponen obtener mayor seguridad pero sí provocan, sin duda, supuestos de una crueldad absolutamente innecesaria. De la misma forma, la calificación como delitos de las infracciones hasta ahora consideradas como faltas representa una exacerbación de la respuesta penal injusta y desproporcionada.

Para estos juristas la reforma peca de ambigüedad, dejando a los Tribunales la tarea de definir las respuestas que deberían ser establecidas en sede parlamentaria. En esta línea las sucesivas referencias a un evanescente criterio de peligrosidad esconden un cambio de concepción jurídico penal que camina de juzgar el hecho y la culpabilidad del sujeto a pretender juzgar al propio sujeto, en línea con antiguas leyes de peligrosidad social de nefasto recuerdo.

PELIGROSO PACTO PP-PSOE ANTITERRORISTA

En este sentido merecen destacarse especialmente, de un lado, el pacto PP-PSOE en materia terrorista donde -frente a medidas mucho más eficaces como la inteligencia, la cooperación o la política internacional- se huye al derecho penal, por un lado, tipificando conductas que ya eran consideradas delictivas con una clara finalidad exclusivamente propagandística, y por otro, difuminando el concepto de terrorismo, criminalizando la libertad de pensamiento, creando delitos de sospecha y conductas indeterminadas inaceptables en un Estado de derecho.

Por otro lado, la reforma penal – en sintonía con el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana- criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado del bienestar y aprovecha a quienes en buena medida han provocado la crisis económica y siguen beneficiándose de ella a juicio de estos expertos.

Un Estado democrático no puede asumir que el Derecho Penal se convierta en un instrumento de exclusión social, sanción de la pobreza y control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pocos.

A todo lo anterior añaden los múltiples y variados errores técnicos de que adolece la reforma, puestos insistentemente de manifiesto no sólo por expertos en la materia, sino también por las más altas instituciones llamadas a pronunciarse -desde El CGPJ, al Consejo de Estado, pasando por el Consejo Fiscal-, cuyas opiniones no han sido atendidas en la medida en que merecían serlo.

La precipitación en la reforma y la ausencia de otra justificación que no sea la mera propaganda determinan que nos veamos en la obligación de calificar el texto como muy deficiente técnicamente, lo que producirá sin duda problemas de interpretación y aplicación que derivan en mayor inseguridad de la ciudadanía sobre el espacio de actuación penal.

Además, el Gobierno, sacando adelante a toda costa su reforma, ha ignorado esas voces y la del resto de Grupos Parlamentarios, olvidando que el consenso en materia penal forma parte inescindible de su legitimación intrínseca. “No es un Código penal de todos.”

LAWYERPRESS.-