INCREMENTA LA POBLACIÓN RECLUSA...

Al Estado español le sobra la mitad de 

la población penitenciaria

La Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (Rosep), centrada en el trabajo y la realidad penitenciaria y social, ha presentado un estudio en el que se determina que actualmente se utilizan las prisiones como solución a los problemas sociales y la carencia de recursos, en lugar de mecanismos para luchar contra la injusticia social. 

La red, formada por 55 entidades, ha desarrollado y analizado datos del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat), el Ministerio de Sanidad y otras fuentes oficiales públicas, para profundizar en la legislación penal y penitenciaria.

La Tasa de delitos en España (proporción de delitos cometidos por cada mil habitantes) permite comparar la evolución de los delitos que se cometen, así como comparar con otros países. Esta tasa fue en el año 2014 de 44,7%, mientras que en la Unión Europea de los 15 (UE-15), fue un 61,3%. Es decir, España tiene un 27% menos de tasa de delincuencia, lo que la sitúa como uno de los países más seguros de Europa y con menores índices de criminalidad, sólo por debajo de Portugal (38,2) y Grecia (17,5).

La tendencia desde 1987, año en el que se tienen los primeros datos sobre población penitenciaria, no ha cambiado salvo ligeras variaciones y ha sido proporcional al número total de población. A finales de los ochenta había cerca de 25.000 presos, que aumentan de forma proporcional hasta los 76.423 del año 2010 (máximo histórico), a partir de entonces ha habido una disminución constante hasta llegar a los 61.614 del año 2015.

Juan Carlos Jiménez, de la Fundación Adsis, Organización no Gubernamental adherida a Rosep y que trabaja por la promoción integral de personas y grupos empobrecidos, explica que esta tasa se ha mantenido constante desde 1987. Una tendencia que, de mantenerse, “a finales de esta década estaríamos por debajo del 40% en cuanto a tasa de delincuencia". Así, esto colocarí al país "a los niveles de criminalidad de finales de los años ochenta, cuando teníamos una población penitenciaria un 50 por ciento menor que la de hoy”.

Más reclusos, menos delitos

Desde Rosep explican que un 76% son delitos contra el patrimonio y la propiedad privada. El resto responden a delitos contra personas y libertades (16%), contra infracciones penales (5%) y contra la seguridad pública (3%). En cuanto a los violentos, suponen un porcentaje muy reducido del total (en torno a un 5%).

A pesar de ser un país con uno de los índices más bajos de criminalidad dentro de la UE-15, la realidad penitenciaria no se corresponde con esta situación. El informe, a través de la tasa penitenciaria (número de personas privadas de libertad con cada 100.000 habitantes), permite comparar la evolución en el tiempo y la situación respecto a otros países. Según esta tasa, se observa que en el año 2015 en España hay 133 personas presas por cada cien mil habitantes, mientras que en la UE-15, hay 101 personas. Es decir, España tiene un 32% más de población penitenciaria que el promedio europeo. Jiménez entiende que “estas cifras son incongruentes, no responden a la violencia, ni a los índices de criminalidad, sino a otras realidades que no se basan en datos objetivos”.

Jorge Ollero Perán: "No hay una relación clara entre la delincuencia y el encarcelamiento".

Jorge Ollero Perán, jurista de Instituciones Penitenciarias y uno de los desarrolladores del informe, explica que “mientras la tasa de criminalidad baja y se mantiene estable desde la década de los ochenta, la tasa penitenciaria y el número de personas en prisión aumentan. Es decir, no hay una relación clara entre la delincuencia y el encarcelamiento”.

La mayoría de los criminólogos consultados por Rosep defienden que el aumento de las personas en prisión españolas se debe al aumento de la duración de las penas. Desde los años 80 y sobre todo con el Código Penal de 1995 y sus sucesivas reformas se ha producido un incremento en la duración de las penas, al mismo tiempo que se han ido retirando las herramientas que servían para disminuir la reducción de las penas y medidas para facilitar la reinserción de los presos, como por ejemplo los terceros grados o la libertad condicional.

Un ejemplo de buenas prácticas, según Rosep, es Finlandia. El país nórdico contaba con una tasa penitenciaria de 187% en los años 50, hoy en día se encuentra por debajo del 50%. Esta reducción se produjo tras reducir el número de personas en prisión, para que quienes cometen delitos de mediana y baja gravedad acudan a otro tipo de instalaciones que no sean prisiones, hagan trabajos a la comunidad, y se utilicen recursos dirigidos a la reinserción, la mediación penal, reparación a las víctimas, etc. “Creemos que si esto funcionó ahí, España debería probar este tipo de modelos”, defiende Perán.

Penas más largas

Según la investigación, el promedio tiempo de condena en España es de 18 meses, mientras que la media Europea es de 7,1 meses. En países como Dinamarca se sitúa en torno a los dos meses. Para Perán esto no significa que “se cometan muchos delitos en España, ni muchos ingresos en prisión, sino que la gente pasa más tiempo en prisión que la media Europea, y cuanto mayor es este tiempo, mayor es la dificultad para la reinserción”. Además, señala que, aunque es difícil predecir el futuro, desde el 2010 ha venido reduciéndose el número de personas en prisión, algo que cambiará  con la reforma del código penal (Ley Mordaza). “Yo me atrevo a decir que esta tendencia descendiente va a revertir la tendencia”, explica, entre otras cosas, por ejemplo, “por la modificación del acceso a la libertad condicional, a la cual será más difícil acceder”, añade.

Respecto al perfil sociológico y sociosanitario de las personas en prisión, Jiménez explica que, según los datos, el 60% de las personas encarceladas en nuestro país, están en prisión por delitos de mediana gravedad (robos, hurtos o delitos relativos al tráfico de drogas), un porcentaje que se ha reducido en los últimos años debido a la disminución de los casos contra la salud pública, que han pasado de 16.227 penados en 2010, a 11.913 a finales del 2015. Se trata de delitos que "serían más eficazmente gestionados mediante intervenciones no privativas de libertad", explica el informe.

Desde Rosep hacen especial hincapié en que los datos muestran que parte importante de las personas que están en prisión se encuentran allí por delitos relacionados con trastornos adictivos. Según el estudio, al menos un 65% de la población penitenciaria está en prisión por estos motivos, lo que evidencia la falta de recursos a nivel preventivo y tratamiento, así como la posterior reinserción. Jiménez señala que se hace de las prisiones una condena que socialmente se da a muchas personas cuya naturaleza de su trastorno viene derivada de una problemática anterior: “Hablamos de cerca de dos tercios de presos y presas”.

Alternativas a las prisiones

Según el informe, si España se igualara a las prisiones europeas tendría que reducir a las personas en la cifra de 19.419 personas en prisión. “Si además, añadimos que en España se cometen menos delitos, esto supone otras 11.523 personas presas menos”. La cifra sería de 30.942 personas, “la mitad de la población penitenciaria que hay en la actualidad podría no estar sin generar alarma social”, añaden.

Las entidades de la red Rosep entienden que la racionalización de realidad penitenciaria es primordial para el correcto ordenamiento penal. Los presupuestos sociales deben ser suficientes a nivel preventivo, durante su estancia en prisión y en la reinserción. Sin embargo, denuncian que estas partidas se reducido entorno a 3.000 millones de euros en los años de crisis. Por ello concluyen que los problemas de reinserción social comienzan antes de ingresar en prisión y no acaban al recobrar la libertad.

Para ello proponen eliminar la prisión permanente del ordenamiento jurídico por ir en contra del principio de reinserción y dignidad inherente de toda persona. Perán defiende que “se debe respetar el principio de reinserción recogido en el artículo 25.2 de la Constitución Española y no frenarlo con penas excesivamente largas”. Considera asimismo que es fundamental establecer penas alternativas a la prisión y establecer mecanismos legislativos que faciliten su concesión “facilitar la reinserción de las personas y satisfacer a las víctimas es menos costos económico, social y humanamente”. Además, “se debe regular y financiar adecuadamente mecanismos de justicia restaurativa como la mediación que consiguen una solución pactada al conflicto, repara el daño causado a las víctimas responsabilizando al infractor y pacificando a la sociedad”, concluye.