LEY MORDAZA E INMIGRANTES ......
LA ONU
CUESTIONA A ESPAÑA POR
LA LEY MORDAZA
Y
EL TRATO A LOS
INMIGRANTES
El Consejo
de Derechos Humanos recomienda al Gobierno tomar medidas en estas y otras
cuestiones para no incurrir en una violación del derecho internacional.
Las
‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes y la Ley de Seguridad Ciudadana.
Estos son dos de los proyectos políticos del Gobierno español que más preocupan
al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha sometido a España al Examen Periódico Anual para evaluar
el nivel de compromiso de nuestro país con los derechos humanos.
Durante
el examen, en el que cada uno de los 192 Estados miembros formula sus preguntas
y emite recomendaciones, un gran número de países, entre ellos Israel, Japón,
Suecia, Noruega, Rusia, Uruguay, Austria y Canadá han solicitado a España que
reconsidere incluir las devoluciones de inmigrantes en frontera dentro de su
legislación porque “legalizaría una práctica que es contraria al principio
de protección internacional” y recordaron que “debe respetarse el derecho a
la no devolución y el derecho de asilo y al refugio”, establecido en la
legislación internacional.
Además,
la mayoría de los países que han condenado este tipo de expulsiones, se han
mostrado preocupados también por el excesivo uso de la fuerza de los cuerpos
de seguridad contra los inmigrantes en la frontera y por la reforma
sanitaria que ha dejado sin atención completa a los extranjeros en situación
irregular.
El
secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ignacio
Ybáñez,
que ha sido el encargado de contestar todas las preguntas (excepto las
referidas al sistema sanitario) ha justificado a España señalando que la
reforma legislativa para aprobar las deportaciones en caliente aún está en
trámite parlamentario y que “se aprobará conforme a las obligaciones
internacionales”. No obstante, ha aludido a la “singularidad geográfica
fronteriza de España” y a los “asaltos masivos y violentos” a las fronteras españolas.
Rubén
Moreno, secretario de Estado de Sanidad que respondió a los cuestionamiento a
la reforma sanitaria, aseguró que todos los inmigrantes, tanto regulares como
irregulares, tienen el derecho a ser asistidos en caso de urgencia y hasta su
dada de alta.
Ignacio Jovtis, miembro de Amnistía Internacional presente
en el examen, ha asegurado en conversación con este diario que otra de las
iniciativas españolas por la que los Estados miembros se han mostrado más
preocupados es la Ley de Seguridad Ciudadana y sus posibles restricciones a los
derechos de reunión, manifestación o libertad de expresión.
“Por
favor, podría decirnos cómo va a asegurarse el Gobierno de España de que la
nueva ley de seguridad pública no se utiliza para evitar o limitar seriamente
las protestas públicas legítimas, incluso con las restricciones a los lugares
donde pueden celebrarse manifestaciones y las multas por infracciones
menores?", ha preguntado Reino Unido.
Memoria, desahucios y corrupción
Otro
asunto cuestionado fue el régimen de incomunicación de los detenidos por
delitos ligados al terrorismo, aunque Ybáñez lo defendió argumentando que
cuenta con todas las garantías.
Argentina,
Chile, Panamá y Suiza se refirieron al hecho de que los crímenes del
franquismo no se hayan resuelto ni se hayan tenido en cuenta a las víctimas
e India se refirió a las medidas de ajuste que han afectado gravemente la
población más desfavorecida y a los niveles de pobreza y desigualdad que se han
incrementado como causa de ellas.
Por
otra parte, Estados Unidos expresó su "preocupación por la corrupción
oficial" en España y recomendó al Gobierno que refuerce el sistema
para evitarla y perseguirla.
Venezuela
y Ecuador, a su vez, recomendaron a España promocionar acuerdos entre
particulares y entidades financieras para evitar los desahucios de personas
vulnerables de sus hogares.
Jovti, no obstante, mostró su preocupación porque otras
cuestiones, como las limitaciones a la Justicia Universal o la
tipificación de la tortura en el Código Penal no hayan tenido apenas repercusión
Publicado 21/01/2015
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