SOBRE LA TORTURA .....
LA TORTURA Y SUS RECHAZOS
El
rechazo de la tortura quizás pudiera ser percibido como una de esas pocas cosas
que suscitan un acuerdo casi unánime: colocar a las personas en situaciones de
radical indefensión, exponerlas a violencias que dañan profundamente la
subjetividad, sustraerlas de toda ligazón con el mundo social que habitaban,
arrojarlas, en fin, a un espacio de duración variable que está absolutamente
construido a contracorriente de lo que es poder habitar el mundo, sea de la
forma en que sea, viene a concitar, lógicamente, toda una serie de rechazos en
los que reconocemos un mínimo de humanidad que no puede ser transgredido.
La
tortura horroriza; y está bien que sea así. La conciencia del horror nos
recuerda lo inasumible, lo que no se puede (dejar) hacer.
El rechazo a la tortura debe ser por ello incondicionado (no
está limitado a ninguna circunstancia específica) y la exigencia de
salvaguardar ese rechazo incondicional queda igualmente proyectado no sólo
hacia el espacio concreto en el que habitamos sino también a lo que se hace en
otros lugares y a lo que se ha hecho en otros tiempos. La tortura no merece
ningún resquicio, ninguna oportunidad.
Rechazar
la tortura, en consecuencia, es una tarea amplia, intensa y extensa. Rechazar
la tortura exigiría entonces toda una serie de medidas, formas de
funcionamiento, de asunción de discursos sobre la dignidad y el reconocimiento
de los otros (de cualquier otro), que van sin duda más allá del acto puntual
del rechazo. Y es ahí, en el momento en el que todo lo que exige ese rechazo
tiene que ponerse en marcha, cuando comienzan a aparecer las grietas, las
permisividades y los silencios.
En
el rechazo institucional a la tortura no es raro ver lagunas que habilitan
resquicios para su eventual propagación. Los ejemplos se suceden: todo el
amplio abanico de torturas desplegado en la llamada guerra contra el terror y
en el que Guantánamo tan sólo es un espacio más de una geografía siniestra que
no ha recibido condena alguna desde el derecho internacional; la negativa a
investigar torturas bajo el franquismo y a colaborar con procedimientos
judiciales en marcha como los que se están llevando a cabo en Argentina; el
rechazo a suprimir el régimen de incomunicación en detenciones ligadas a
acusaciones de terrorismo cuando numerosos informes internacionales
acreditan que es mayormente en ese espacio en donde se acometen las torturas a
personas detenidas por una supuesta relación con bandas armadas; los
indultos y promociones de funcionarios de los cuerpos de seguridad envueltos en
casos de torturas; las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al
estado español por no investigar torturas; la asunción en el espacio
penitenciario de un régimen de aislamiento que cuando se dilata es él mismo
constitutivo de tortura; las violencias físicas y simbólicas que los
migrantes tienen que sufrir en la frontera, en los centros de internamiento de
extranjeros, en las deportaciones; o, por último (o, por no seguir), las
torturas relacionadas con la represión de las protestas públicas que contestan
todo el proceso de precarización de la vida que las medidas neoliberales han
impuesto como modo de gestionar la crisis económica, muestran, a modo de
fogonazos que exigirían sin duda un desarrollo pormenorizado, que la tortura
tiene lugar, que sigue teniendo lugar detrás (invisibilizada, silenciada) del
contundente dictamen que anuncia su rechazo.
Y
solamente una mirada ingenua y autocomplaciente podría ver en todos estos
casos una anomalía subsanable; espacios y tiempos a los que el rechazo de
la tortura todavía no ha llegado. Más bien, habría que pensar que estos casos
aluden a un determinado modo de funcionamiento del poder estatal, que las
carencias que, informe tras informe, evidencian el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas o,
en otro orden, informes de la Coordinadora Estatal para la Prevención y
Denuncia de la Tortura, de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch, no
dejan de poner de manifiesto que la tortura designa una práctica
político-punitiva que el estado no acaba de erradicar y que, por ello
mismo, la asume. La cuestión es, precisamente, el espacio que se abre entre el
rechazo (que ya no dice nada en sí mismo) y la permisividad, una permisividad
que se da tanto en lo que se hace como en lo que se deja hacer (por otros, en
otros lugares).
Y ese espacio que se abre, la práctica misma de la tortura, se
da entre el desprecio y la impunidad. El desprecio nos habla de unos sujetos
que apenas llegamos a reconocer como humanos. Sujetos negados, cuyo
sufrimiento no perturba porque no nos reconocemos en ellos; desprecio
absoluto que anuncia su torturabilidad. La impunidad, por su parte, nos habla
de la ausencia de medidas efectivas que habrían de venir a imposibilitar o al
menos a dificultar la práctica de la tortura. Contrarrestar las narrativas
de desprecio nos concierne a todos con el fin de articular otro tipo de
relatos en donde se asuma que nadie merece el sufrimiento que la tortura
infringe; contrarrestar la impunidad concierne en mayor medida al entramado
jurídico-político por las medidas que habría que establecer e implementar.
Ambas tareas deben ir juntas para articular un rechazo incondicional. Pero es
la negativa del poder estatal para transitar con todo rigor y profundidad por
esas dos vías lo que evidencia que, tras su supuesto rechazo, anida una lógica
de la crueldad que es necesario visibilizar.
Sociólogo en la Universidad
del País Vasco
21/01/15
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